El Gobierno Nacional con el Decreto número 3565, convocó elecciones atípicas para elegir el Gobernador del Valle del Cauca el 23 de enero de 2011, no discutimos la viabilidad jurídica de la decisión, lo que cuestionamos es la interpretación que el Ministerio del Interior le dio a la normatividad, toda vez que el gobernador electo solo podrá prestar sus servicios por escasos once meses, de los cuales tendrá que abstenerse de realizar contratos por Ley de garantías, dadas las futuras elecciones del 30 de octubre de 2011 para elegir alcaldes, gobernadores, concejales y diputados. Ley de garantía que impidiera que los 42 alcaldes puedan realizar sus tareas, porque se verán afectados por esta ley, aumentado los traumatismos y gobernabilidad del departamento. El costo de estas elecciones atípicas, superan los QUINCE MIL MILLONES DE PESOS, rompiendo el equilibrio económico y la ecuación costo beneficio que deben soportar las decisiones de la administración pública.
La razón de esta convocatoria es la falta de concertación o tolerancia política, donde todas las personas imponían los intereses personales en perjuicio de la gobernabilidad y el bien común.
Creo que los vallecaucanos debemos evitar este gasto, que afecta el situado nacional, y hará que los dineros de otros conceptos se destinen para este proceso democrático. Intentaremos en derecho, impedir este desgate por ser contrario al artículo 209 de la carta que obliga a la función administrativa estar al servicio de los intereses generales, con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad e imparcialidad, principios que en mi concepto se vulneran y me dan la oportunidad de solicitar a un juez administrativo, mediante UNA ACCIÓN POPULAR PROTEJA LA MORALIDAD ADMINISTRATIVA, en beneficio de los intereses generales; demanda que presentaré el próximo lunes e invito a todos los vallecaucanos a coadyuvar esta acción.
La razón de esta convocatoria es la falta de concertación o tolerancia política, donde todas las personas imponían los intereses personales en perjuicio de la gobernabilidad y el bien común.
Creo que los vallecaucanos debemos evitar este gasto, que afecta el situado nacional, y hará que los dineros de otros conceptos se destinen para este proceso democrático. Intentaremos en derecho, impedir este desgate por ser contrario al artículo 209 de la carta que obliga a la función administrativa estar al servicio de los intereses generales, con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad e imparcialidad, principios que en mi concepto se vulneran y me dan la oportunidad de solicitar a un juez administrativo, mediante UNA ACCIÓN POPULAR PROTEJA LA MORALIDAD ADMINISTRATIVA, en beneficio de los intereses generales; demanda que presentaré el próximo lunes e invito a todos los vallecaucanos a coadyuvar esta acción.
